Apoyamos totalmente la función de nuestras FF.AA. y Policías, legal y políticamente. Trabajaremos para darles mayores atribuciones y la protección del estado, como siempre fue.
Devolveremos a las FF.AA., la facultad constitucional de ser garantes de la institucionalidad de manera preventiva. En palabras simples, ante cualquier atropello manifiesto a normas fundamentales, frente al cual los órganos jurídicos aparezcan sobrepasados, vulnerados, o se muestren o resulten inoperantes o ineficaces para restablecer las bases del Estado de Derecho, o que incluso esos órganos tomen parte en la transgresión, las FF.AA., tendrán la obligación Constitucional de intervenir para reestablecer el orden y respeto a la Constitución.

Nos ocuparemos para dotar tanto del personal como el equipamiento que requieren nuestras FF.AA., para ejecutar de manera eficiente sus responsabilidades, para lo cual deberán recuperar sus niveles de equipamiento, infraestructura y personal, necesarios para ejecutar con holgura la política externa de Chile, la que históricamente ha sido concebida como de “carácter disuasivo”, no de agresión.

Respaldaremos y revitalizaremos mediante una ley el desarrollo de la industria militar Nacional, para dar respaldo en el tiempo y el financiamiento necesario al desarrollo de nuevos proyectos de I+D+i en el ámbito militar, naval, aéreo y espacial. Nuestro país tiene las capacidades humanas y tecnológicas para el desarrollo y fabricación del equipamiento que requieren nuestras instituciones armadas y para un potencial mercado internacional. Este desarrollo tecnológico permitirá incrementar de manera relevante la oferta laboral técnica, generación de nuevas industrias, proveedores y servicios. Como resultado, la inversión que deben hacer nuestras instituciones armadas, se quedará en Chile, generándose un círculo virtuoso, donde ganará el país y sus ciudadanos.